El conflicto entre el gobierno y la oposición se agudiza tras la reciente caída del conocido como decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados. Desde su rechazo, ambos bandos se han señalado mutuamente por la falta de apoyo que llevó a la no aprobación del texto. El presidente del Gobierno ha hecho un llamado a la responsabilidad, argumentando que una abstención por parte del Partido Popular (PP) habría permitido la aprobación del decreto, el cual considera un «escudo social» necesario para el país. Por su parte, el líder de los populares ha tachado de irresponsable el uso de los pensionistas en este debate, dejando claro que su partido defiende la protección de este colectivo.
Las Posturas en Conflicto
La situación se complica a medida que el PP exige la aprobación separada de medidas específicas, como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte. Sin embargo, el gobierno se opone a dividir el decreto, argumentando que la mezcla de medidas es esencial para abordar de manera integral los problemas sociales actuales. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que el Ejecutivo revisará las áreas que generan mayor consenso para su futura presentación, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre cómo se procederá.
El decreto en cuestión incluye una serie de medidas relevantes, entre las que destacan la revalorización de las pensiones, el aumento del salario mínimo y las ayudas para afectados por desastres naturales, así como la prohibición de desahucios para personas en situación vulnerable. El PP, sin embargo, ha expresado su desacuerdo con ciertas disposiciones, como la cesión de un palacete al PNV y la reducción del IVA a alimentos. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha instado al presidente a recuperar el texto legislativo, excluyendo aquellas medidas que consideran perjudiciales para la ciudadanía, lo que refleja la creciente polarización en el debate político.
