México es un país en el que están pasando muy graves mientras que la comunidad internacional presta atención a otros asuntos.
El país se encamina rumbo a las elecciones de 2018 sin contar con un procurador General de la República, sin fiscal electoral, sin fiscal anticorrupción, con una gran crisis de legitimidad del órgano electoral, con impunidad y donaciones millonarias, tras los sismos de septiembre, en manos de un gobierno cuya corrupción ha sido su sello por excelencia.
Corrupción
La corrupción ha sido la palabra más repetida en México en los últimos años al hablar de política.
Según Transparencia Internacional, México es el líder en percepción de corrupción y un 51% de mexicanos ha pagado alguna vez un soborno.
De otro lado, el estudio Anatomía de la Corrupción, de la académica María Amparo Casar, revela que 43% de las empresas en México han dado sobornos.
Estos casos de corrupción salpican incluso a empresas como la española OHL a la que vinculan con el pago de sobornos al gobierno de México.
Según las investigaciones el ejecutivo de Peña Nieto adjudicó la construcción de autopistas en el país a la constructora española a cambio de sobornos con los que financió la campaña electoral de su partido político, el PRI.
Impunidad
Santiago Nieto Castillo, hasta hace poco titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), investigaba el supuesto financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo destituyeron un día después de que uno de los funcionarios involucrados le pidiera una carta para exculparlo.
México se sitúa en el primer lugar de impunidad en América Latina y el cuarto a nivel internacional. Incluso supera a Venezuela con dos posiciones, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, que analiza a 69 países miembros de la ONU.
Asesinato de periodistas
En lo que llevamos de siglo en México han sido asesinados 111 comunicadores «en posible relación con su labor periodística», de los cuales 38 han sido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de según detalla la organización Artículo 19.
«El asesinato a periodistas es una acto criminal realizado desde el poder político o en contubernio con el poder político. La documentación de los casos nos arroja que un 90 por ciento de ellos proviene de alguna persona vinculada con el Estado y eso desmitifica el discurso oficial que nos quiere hacer creer que las agresiones y asesinatos vienen del crimen organizado (aunque en el fondo tienen razón, porque los políticos son el crimen organizado)», señala el organismo.
